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Se cumplirán cuatro años del asesinato de Fernando Báez Sosa
El 18 de enero se cumplirán cuatro años del asesinato de Fernando Báez Sosa, a quien mataron a golpes y patadas un grupo de rugbiers a la salida de un local bailable, en Villa Gesell.
 El crimen de Fernando cobró relevancia a nivel nacional e internacional pocas horas después de sucedido por la difusión de las imágenes de la golpiza en redes sociales y por la violenta naturaleza del suceso.
“Tenemos preocupación por el tiempo que lleva el Tribunal de Casación Penal bonaerense sin resolver y por los comentarios que recibimos de que los magistrados estarían evaluando la edad de los condenados, pensando que es muy fuerte tener por delante una pena de esta magnitud”, indicó el abogado Fernando Burlando, quien junto con sus colegas Fabián y Facundo Améndola y Germán Facio, representan a Silvino y a Graciela.
Los rugbier fueron sometidos a juicio y la sentencia se conoció el 6 de febrero del año pasado. Los ocho jóvenes fueron trasladados a la Alcaidía Roberto Pettinato, en La Plata, donde permanecen hasta hoy. Están alojados en cuatro calabozos, en celdas de a dos. Allí pasan la mayor parte del tiempo. Solo salen al patio una hora por día y realizan trabajos de jardinería.
Como sucedió desde un principio, se encuentran aislados del resto de la población carcelaria. Ellos se cocinan y se encargan de limpiar el pabellón. Reciben regularmente la visita de familiares, en quienes se apoyan en mayor o menor medida.
Encerrados en la alcaidía, los ocho están expectantes a la decisión del máximo tribunal penal bonaerense, que debe resolver sobre las presentaciones judiciales. Tomei apeló el fallo de primera instancia cuando habían pasado 20 días de la sentencia.
El abogado de los jóvenes solicitó que Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi sean absueltos, y que Thomsen, Comelli, Benicelli y los hermanos Luciano y Ciro Pertossi, los cinco condenados a prisión perpetua, reciban una pena de entre dos a seis años de cárcel, al sostener que se debe encuadrar el crimen en un “homicidio en riña o agresión tumultuosa”.
Asimismo, Tomei, como lo hizo durante la instrucción de la causa y en el juicio, pidió que se declare “la ilegalidad” del acto de las indagatorias tomadas a los ocho acusados la noche del 19 de enero de 2020. Según la defensa, en ese momento, “se falsificaron las actas del expediente entre fiscal, la defensora oficial y dos secretarios del Ministerio Público Fiscal”.
En su apelación, el abogado defensor de los autores de la muerte de Fernando dice: “Sin lectura de derechos, sin saber que podían negarse a responder preguntas incriminatorias y sin intervención de la defensa oficial, se les requirieron sus teléfonos celulares con las claves de acceso y la confesión sobre la propiedad de cada prenda de vestir con presuntas manchas hemáticas que se iban incautando. Eso sí; el personal policial dejó constancia que de averiguaciones practicadas habría un sospechoso más que emprendió huida de nombre Pablo Ventura. El funcionario en ningún momento indicó cómo obtuvo dicha información que valió detener a un inocente que luego demandó al Estado por los daños y perjuicios que le ocasionó el irregular proceder del Ministerio Público Fiscal, en la suma de diez millones de pesos, que en caso de prosperar deberíamos pagar los contribuyentes mediante nuestros impuestos”, sostuvo Tomei en parte de su apelación.
En una de las audiencias del juicio, bajo juramento de decir la verdad, el policía Mariano Vivas dijo que “Thomsen manifestó que era de Pablo Ventura” la zapatilla marca Cyclone negra con suela blanca y manchada con sangre encontrada en la vivienda alquilada por los imputados para veranear. Pero, en realidad, el calzado era de Thomsen.
“Tres años hubo que esperar para saber que el personal policial ´interrogó` a un acusado que nunca fue advertido de su derecho a negarse a contestar preguntas”, afirmó Tomei en su escrito.
Los padres de la víctima también apelaron el fallo con duros cuestionamientos a la decisión de Castro, Rabaia y Lazzari por no haber condenado a todos los acusados a la pena de prisión perpetua.
“La sentencia ha incurrido en una errónea aplicación de la Ley sustantiva a través de un desvío palmario de las reglas del sentido común. El tribunal a quo ha incurrido en un error lógico al interpretar y valorar las pruebas, con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables”, sostuvieron los abogados que representan a Silvino y Graciela.
Según los letrados, el Tribunal no explicó cómo llegó a concluir que el plan inicial incluía solamente atacar a golpes a Fernando y no, como ellos interpretan, causarle la muerte.
“En el caso bajo estudio, existe una pluralidad de indicios unívocos y concordantes que, por su gravedad y precisión, valorados según las reglas de la sana crítica racional, en forma conjunta y no aisladamente como lo hizo el Tribunal, permiten superar las meras presunciones que en ellos puedan fundarse y arribar a un juicio de certeza sobre la existencia del dolo homicida desde los momentos previos al inicio del ataque, por parte de los ocho encausados”, esgrimieron.
La sentencia también fue apelada por los representantes del Ministerio Público Fiscal en el juicio. Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García coincidieron en solicitar la prisión perpetua para los tres acusados que recibieron la pena de 15 años de cárcel.
Ahora, la última palabra la tienen los jueces María Florencia Budiño, Fernando Mancini y Mario Kohan. A fin de diciembre venció el primero de los plazos establecidos por la ley para que el mencionado tribunal dicte una resolución sobre las apelaciones presentadas por cada una de las partes. El Código Procesal Penal bonaerense determina que dicho plazo puede prorrogarse por otros seis meses.
“Está todo en manos de los jueces de La Plata. Estamos esperando la decisión con mucha angustia y preocupación por la espera. Esperamos una justicia ejemplar y que la demora no sea para favorecer a los que asesinaron a Fernando”, dijo días atrás Graciela, la madre de Fernando.
www.conozcarecoleta.com.ar (6090) - Publicado: Jueves 11/01/24 Fuente: La Nación
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